Si un gobierno progresista no sirve para salvar los intereses de los trabajadores, ¿para qué sirve? Una visión estratégica, sobre todo de la facción de izquierda del gobierno (Sí Podemos Canarias), debería tener como referencia central los intereses de los trabajadores, y apuntalar a los sectores económicos distintos a los del binomio construcción-turismo. Una industria alimentaria no se debe dejar caer, y menos cuando esa industria tiene un amplio porcentaje de mercado, es una marca conocida de capital canario (o era, no sé como anda ahora el asunto) y emplea a varios centenares de personas.
Un gobierno progresista, sobre todo su facción de izquierda, que no tenga un criterio de clase a la hora de enfocar las problemáticas de la economía y del mundo del trabajo, está dejando el camino allanado para que la derecha (CC/PP) vuelva, en breve, a llevar las riendas del gobierno autonómico.
La izquierda viene años diciendo que no podemos continuar con un modelo que dependa solo del turismo, que eso nos hace más dependientes, que se necesita construir alternativas económicas viables que garanticen progresivamente espacios para la soberanía alimentaria, y llega esta ocasión en que esa izquierda debe batirse el cobre y deja tirado a centenares de trabajadores, da por perdida esta industria y abre su espacio de mercado a nuevas marcas de capital multinacional español o extranjero, que seguirán ahondando en la dependencia económica y psicológica de nuestra sociedad.
Salvar a JSP/Celgan/Millac es dar una lección de que es posible hacer otro tipo de política. Existen multitud de fórmulas para hacerlo. La derecha canaria e insular lo ha hecho en el pasado con muchas empresas, para empezar, con la más emblemática, TITSA. Pero con otras cuantas más también de sectores claves. Es cierto que en el pasado la fuerza de los sindicatos era mayor, que la conciencia de clase de los trabajadores ejercía fuerza con mucha mayor intensidad que en la actualidad, pero, precisamente por eso, es ahora el momento de que un gobierno progresista, que tiene en su seno una facción de izquierda, juegue un papel central en esa lucha. Habría que convertir esta situación de crisis en una oportunidad, haciendo de la defensa de este sector clave un ejemplo de lo que es hacer políticas desde la izquierda. El desafío merece la pena a pesar de las dificultades que pueda presentar. La izquierda canaria ganaría respetabilidad, se vería su utilidad política, y muchos trabajadores que desconfían de que pueda servir para algo, y por eso prefieren votar a la derecha, comenzarían a comprender que no es verdad el discurso de que los saben de economía son los patronos.
En estas luchas los trabajadores toman conciencia de clase. En sus pueblos y sus barrios, entre sus familiares y amigos se rearma la idea de que la lucha vale la pena, de que todos los políticos no son iguales y de que hay algunos que están a muerte con la defensa de los intereses de los trabajadores. Esta lucha, además, podría abrir de verdad el debate social sobre la necesidad de potenciar las industrias y los sectores de la alimentación. De avanzar en la toma de conciencia de la soberanía alimentaria, de abrir espacios de reflexión sobre la necesidad de combatir la instalación de empresas multinacionales, que vienen a las islas a sacar su gran tajada llevándose los capitales que aquí se generan a cambio de empleo barato y precario.
No es razón para dejar tirado a centenares de trabajadores y terminar de hundir una industria estratégica, en un país desindustrializado como el nuestro, la excusa de la mala administración que de la empresa hicieron los jefes, hasta llevarla a su hundimiento. No es excusa que se haya beneficiado de fondos público desde hace tiempo, (por cierto, fondos públicos que eran manejados por los miembros del hoy gobierno progresista, exceptuando a Sí Podemos Canarias) y que no hayan servido para reflotar la industria. Claro que ha sido así. Multitud de empresas en Canarias viven de los fondos públicos (por no hablar de los bancos) y en la época de la vacas gordas los políticos de entonces, (PSOE-CC-PP), y muchos periodistas, mantenían excelentes relaciones de todo tipo con el jefe que a todos bendecía. Pero el asunto ahora es otro. La cuestión que se dirime en estos meses es que los trabajadores no cobran su sueldo, las instalaciones están hipotecadas, las deudas son un cáncer que devora todo. Y, sin embargo, el sector es rentable. El café JSP, los lácteos de Millac y Celgán siguen vendiéndose y los trabajadores siguen arrimando el hombro sin cobrar sus salarios. Y ante esa tragedia el gobierno progresista y su facción de izquierda no plantean ninguna solución que no sea clavar una nueva puncha en el ataúd.
Puede ser que el PSOE cuando empiece a repartir el dinero de Europa pueda salir airoso. Puede ser que Nueva Canarias se sostenga con sus votos de GC y su sólida estructura municipal y cabildicia en esa isla. Puede que el cacique de la Gomera mantenga sus tres diputados y, también, puede ser que sea Sí Podemos Canarias quien pague de forma más dura esta dejación de su responsabilidad.
Lo que es seguro es que con la caída de una nueva industria canaria pierde el conjunto de la sociedad.
