La búsqueda de un entendimiento con Marruecos respondió a un cálculo estratégico que pretendía resolver simultáneamente varios problemas. Madrid aspiraba a preservar sus intereses económicos en el banco pesquero sahariano y en Bucraa, pero, sobre todo, confiaba en que la cesión del Sáhara Occidental contribuiría a garantizar la seguridad de Canarias y de los enclaves de Ceuta y Melilla. La expectativa era que la satisfacción de la principal reivindicación territorial marroquí condujera a una etapa de estabilidad en las relaciones bilaterales, y relegara definitivamente las aspiraciones de Rabat sobre los restantes territorios bajo soberanía española.
Esa lógica se mantuvo durante la transición y no desapareció con la llegada del PSOE al poder en 1982. A pesar de la simpatía que el nuevo Gobierno manifestaba hacia la causa saharaui, la prioridad estratégica siguió siendo impedir la consolidación de un Estado independiente alineado con Argelia y Libia frente al Archipiélago Canario. Washington interpretó correctamente esa continuidad al señalar que «Los socialistas están preocupados por la vulnerabilidad de sus enclaves norteafricanos y, en menor medida, de las islas Canarias, y que puedan ser tomados por Marruecos». La política española continuó, por tanto, subordinando la cuestión sahariana a la protección del flanco sur del Estado.
Sin embargo, el tiempo demostraría que aquel planteamiento partía de un diagnóstico equivocado. La entrega del Sáhara a Marruecos no eliminó las reivindicaciones territoriales marroquíes ni consolidó un marco de seguridad para España. Al contrario, reforzó la posición estratégica de Rabat, que incorporó el precedente del Sáhara a su política exterior sin renunciar a sus reclamaciones sobre Ceuta, Melilla y, de forma periódica, sobre las aguas y el entorno geopolítico de Canarias. Lejos de cerrar el contencioso, la cesión convirtió la dependencia española de la colaboración marroquí en un factor estructural de vulnerabilidad. Desde entonces, el control de la inmigración, la cooperación antiterrorista, la delimitación de espacios marítimos o la propia cuestión de Ceuta y Melilla han proporcionado a Rabat instrumentos de presión recurrentes sobre los sucesivos gobiernos españoles.
Paradójicamente, la decisión adoptada para proteger Canarias y los enclaves africanos produjo el efecto contrario al perseguido. La renuncia al Sáhara no desactivó el nacionalismo territorial marroquí, sino que fortaleció la capacidad de Marruecos para condicionar la política exterior española. En este sentido, los temores expresados en 1975 por los responsables militares españoles terminaron resolviéndose en una dirección distinta a la prevista: el riesgo para la seguridad española no procedió de la existencia de un Estado saharaui, sino de la creciente asimetría estratégica creada tras la anexión marroquí del territorio. No obstante, en 1975 la percepción dominante dentro del Alto Estado Mayor era bien distinta: «En su óptica estratégica, un Sáhara independiente en la órbita argelina y libia es un peligro para Canarias y un hueco en el sistema defensivo occidental en el Atlántico Norte». Los jefes militares españoles de 1975 querían que Marruecos se anexionase el Sáhara para evitar ese peligro de extensión del problema hacia las islas Canarias, y se esperaba lograr también «el olvido indefinido de las reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla».
…Los sucesivos gobiernos del Estado han permanecido en ese error.
