Las deudas de la dictadura franquista con los norteamericanos alentaron la posibilidad de que el Archipiélago sirviese de base militar, tal como también lo era Azores, servidas a los EE.UU por la dictadura de Salazar antes del final de la II Guerra Mundial. Se rumoreó hasta la saciedad sobre la opción de que Arinaga, o algunos otros puntos de Canarias, fuesen destinados para que se instalase una base aeronaval estadounidense. No llegó a concretarse, aunque puntualmente Canarias sirvió como base logística para la OTAN y los norteamericanos en algunas ocasiones, durante la década de los setenta.
Con la muerte del dictador la relaciones entre España y los EE.UU cambiaron de signo ligeramente, porque además de la firma de los acuerdos bilaterales, España optó a insertarse en la OTAN, entrando de esta manera a formar parte de una coalición militar que englobada a un número importante de países. Aunque los norteamericanos seguían mandando en la coalición, sin embargo, tener una obediencia compartida producía la sensación de ser menos débiles que manteniendo solo los acuerdos bilaterales.
España entró en la OTAN con el gobierno de Calvo Sotelo en 1981, tras el intento del golpe de Tejero, y las consecuencias derivadas de tal intentona. La campaña electoral siguiente fue la de octubre de 1982, en la que el PSOE consiguió mayoría absoluta por primera vez, sostenida en dos promesas electorales: Creación de 800.000 puestos de trabajo y convocatoria de referéndum para salir de la OTAN. Ya se sabe en que quedaron ambas.
Desde unos años antes en Canarias se había articulado un movimiento contra la OTAN, que terminó adquiriendo una notable envergadura cuando se acercaba la hora de la verdad el 12 de marzo de 1986. El movimiento social antiOTAN y antimilitarista obtuvo un éxito histórico. En una campaña a pie de calle, sin redes sociales, derrotó al gobierno socialista y ganó el referéndum. Canarias (con País Vasco, Cataluña y Navarra) votó mayoritariamente No. El monopolio televisivo, entonces sólo existía la TVE, estaba en manos del gobierno, y los grandes medios de radio y prensa apoyaban el Sí, por eso el valor de aquel No fue una demostración firme e inequívoca del proyecto pacifista de la mayoría de la sociedad canaria.
Aquel No comportaba también una propuesta de salida a la situación, dado que en el conjunto del Estado había ganado el Sí. La principal de todas ellas fue la que consideraba que Canarias debía ser un territorio de paz y de no agresión sobre los pueblos vecinos del continente africano. Esta idea se esbozó en sentido positivo proponiendo un estatuto de neutralidad para el Archipiélago, que defendieron fuerzas transversales desde el punto de vista ideológico, y el movimiento por la paz y contra la OTAN.
La edición de trabajos jurídicos quiso darle apoyatura sólida a dicha petición. Antes de haberse aprobado el Estatuto de autonomía en 1983, se plantearon varias alternativas a tener en cuenta. Si el Estado tenía un vivo interés en estar insertado en la OTAN, cabía la posibilidad de que declarase el Archipiélago como zona de neutralidad. España debería negociar en este caso con otros estados la creación de Canarias como zona neutral, y recibiría dicha garantía del propio Estado español y de los demás estados firmantes del acuerdo. La dificultad que se observaba era más que nada de orden político (no jurídico), porque en el Tratado de la OTAN no se hace referencia alguna a este supuesto. Desde esta zona neutral no podrían efectuarse ni operaciones militares ni admitirse a su vez acciones hostiles contra la zona.
La neutralidad implicaría un alto grado de desmilitarización y la prohibición expresa de instalación de bases militares extranjeras, además de la garantía de usar las propias solo para defensa del territorio en caso de ser agredido. El Estado debería garantizar en tal supuesto que el Archipiélago no sería utilizado para la agresión de los países ribereños. Esas dos características señaladas, desmilitarización y neutralización, deberían estar recogidas en el Estatuto de Neutralidad y en el de Autonomía.
Aunque la cuestión no se resolvió de ese lado, sino más bien del contrario, en el sentido de que Canarias ha estado inserta de lleno en la política militarista de la OTAN, la opción de revisar el asunto sigue siendo válida. En la próxima reforma del estatuto de autonomía debería explorarse sus posibilidades.
