Por lo general, la carrera judicial es un coto restringido para el poder de clase. No son muchos los miembros que llegan a las altas magistraturas que previamente no hayan mostrado repetidamente fidelidad al orden, siempre conservador, cuando no reaccionario, establecido.
El episodio que estamos viviendo con el acoso al presidente se ha estado dando anteriormente contra otros partidos y políticos electos en distintas partes del país. Podemos, Esquerra, Junts, Compromis, y antes que ellos, la izquierda vasca, han vivido este tipo de episodios. El asunto es que ahora afecta a la presidencia del gobierno y, en consecuencia, la gravedad del asunto cobra otra dimensión más peligrosa.
Claramente se está queriendo dar un golpe de estado por las nuevas vías que se están empleando en los últimos años, usando combinadamente la fuerza de los partidos derechistas, con sus medios de comunicación, que son casi todos, y con los jueces, que también son casi todos, o al menos son los que detentan mucho poder para cometer ilegalidades fragrantes como esta que vemos estos días.
Esta maquinaria en los años recientes se ha puesto en práctica en Brasil, Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay, Portugal y, ahora, España. Y siempre han conseguido tumbar a los gobiernos democráticos e imponer gobiernos golpistas.
Mucho años antes de esto, en los años treinta, el mismo mecanismo, ajustado a aquellos tiempos, se puso en práctica para derrocar el gobierno de Roosevelt en los EE.UU., cuando el presidente había impulsado las políticas del New Deal que, en esencia y por resumir, trataban de legislar y regular el salvaje mercado laboral ultraliberal, y quería implementar una ley de seguridad social que protegiese a los ciudadanos más vulnerables ante las enfermedades y la pobreza. La derecha norteamericana usó entonces su mayoría en el tribunal supremo para doblarle la mano al presidente y suspender esas dos leyes fundamentales de la democracia americana de entonces.
La respuesta de Roosevelt no fue dejar morir el New Deal, sino contraatacar presentando un proyecto de ley que modificaba drásticamente la composición del tribunal supremo, pasando de nueve a quince miembros, y dejando así a la derecha en minoría en ese organismo decisivo. La reforma no tuvo que llevarse a efecto porque los jueces que querían vetar las leyes laborales y de seguridad social, cuando vieron peligrar su posición de poder, cambiaron el voto y pasaron de deslegitimar las leyes tachándolas de inconstitucionales a considerarlas constitucionales y, en consecuencia, se tuvieron que aplicar.
Creo que de esta actitud del presidente Roosevelt se podrían sacar algunas lecciones, aunque sólo señalo dos. La primera es que un presidente de gobierno perfectamente legitimado por las urnas debe afrontar con decisión y valentía los ataques barriobajeros de la reacción. La segunda es que no hay nada mejor para parar a un matón que hacerle frente.
