Coalición Canaria y la ley de residencia

Tras la manifestación del 20 de abril y de que la ciudadanía movilizada pusiera en la agenda el problema del límite de Canarias, las organizaciones políticas han querido responder de manera indirecta a este emplazamiento, y una de las formas ha sido sacando a la palestra la ley de residencia. El PSOE ha despejado balones fuera con el argumento de que una ley de residencia es inviable en el ordenamiento jurídico español y europeo, dando la sensación de que su candidato a Europa representa a la burocracia europea en las islas, en vez de representar a las islas ante la burocracia europea. El PP-VOX han dicho que son muy españoles y mucho españoles, según inolvidable sentencia mariana. La izquierda, extraparlamentaria por méritos propios, vuelve a ser irrelevante en las islas, con lo cual da igual lo que diga o deje de decir. Nueva Canarias y CC sí han entrado al trapo con esta ley. Ambas organizaciones aducen que es necesario regular la población residente. Estaría por ver el planteamiento completo que proponen.

 

El tema de la ley de residencia no es una invención de ahora. En los años 80 y 90 eran los minoritarios grupos independentistas los que la planteaban. Estaba focalizada en contener la llegada de “godos”, porque se tenía la impresión de que estas personas venían a las islas a ocupar los puestos más relevantes en la administración (mandos de las fuerzas armadas, la policía, judicatura, hacienda, en parte, en la educación y sanidad) o en los puestos ejecutivos de la banca, la hostelería o, incluso, en los sectores mejor remunerados de la construcción. El argumento era que los canarios no estaban preparados para desempeñar esas funciones. Se mantenía la inercia propia del proceso de españolización de las islas iniciado tras la pérdida de Cuba y Puerto Rico en 1898. Una administración “llena de godos” contrastaba con los canarios trabajando en los puestos peor remunerados y de baja cualificación. Una foto blanco sobre negro de la permanencia del colonialismo. Hoy, el problema no ha hecho sino agravarse, porque se produce una sustitución creciente de población canaria en todas las actividades por la llegada masiva de trabajadores no canarios y, cuanto más crece la economía y la población, más pobreza y exclusión soporta la población nativa. En el informe de 2023 de la European Antipoverty Network se subraya que el 36% de la población (787.000 personas) está en riesgo de pobreza y exclusión.

 

La izquierda no nacionalista de entonces denostaba reivindicar una ley de esas características, porque confiaba en que la mano invisible del mercado regularía la población. ¡Dirigentes marxistas usando a Adam Smith! Si se dejaba de construir hoteles y de demandar mano de obra cualificada, se regularía de forma automática la inmigración peninsular. La izquierda estatal tenía miedo a que la llamaran racista. Y, dicho sea de paso, a cierta izquierda nacionalista le asustaba también que le colgaran ese sambenito, y usó el mismo argumento que la izquierda de matriz centralista.

 

Ahora todo el mundo observa que la cosa se ha ido de madre. El eco de esta demanda en 2024 no es de cuatro gatos sino de decenas de miles, o centenares de miles de canarios. No es un asunto ideológico, de nacionalistas, sino de pura supervivencia en condiciones razonables en estas islas, sin importar el sentimiento nacional que se encuentra detrás de cada persona. Hoy tiene que ver con defender el territorio, el espacio que habitamos. Para entender la dimensión del asunto pensemos que si la España peninsular tuviera nuestra densidad de población tendría 270 millones de habitantes.

 

¿Pero es creíble la propuesta que hace CC? El alcalde de Santa Cruz salió en prensa hace unos días diciendo: “Hay que limitar la llegada de residentes a Canarias” porque la situación se ha tornado insostenible, adujo. Y, además, añadió algo totalmente sorprendente para venir de uno de los jefes de CC, “No hay más posibilidad que limitar la residencia, tanto de personas de Europa, incluido el territorio español como de oriundos de Sudamérica”. Quitando que lo de oriundo suena a aquellos futbolistas que se fichaban antes de la ley Bosman, que permitió que se tuviese un equipo totalmente lleno de extranjeros tipo Real Madrid, lo más llamativo de la frase es: “incluido el territorio español”.  Esta frase abre algunos interrogantes. El primero sería cómo se la venden a los muy españoles y mucho españoles del PP con el que gobierna, y a sus socios de VOX. Además, qué pensarán sus amigos de la capitanía general, y todo el universo ultraespañolista conformado por policías, jueces, empresarios y periodistas que son un apoyo considerable para CC.

 

Esto es un lobby muy poderoso en Tenerife y, de manera particular, en Santa Cruz, con mucha capacidad para marcar de cerca las políticas insulares. CC no ha tenido ni el valor ni la voluntad de cumplir con la ley de memoria histórica y, presionado por esos lobistas, mantiene en pie las horripilantes muestras simbólicas del fascismo en la isla. ¿Quién puede creer que defenderá contra viento y marea una propuesta que es, en el fondo, un torpedo en la línea de flotación del nacionalismo español en las islas? Es difícil comulgar con esas ruedas de molino. A una llamada al orden de los poderes fácticos, los jefes de CC se cuadrarían como disciplinada tropa.

 

El humo de las campañas electorales se disipa pronto. Una ley de residencia es un trabajo serio y persistente en el tiempo. No veo a CC en esa tarea, pero la tarea es urgente acometerla.

Gadafi y la república unida de Canarias y el Sáhara occidental

Hay un documento de la CIA de 1987 que recoge una entrevista realizada por Randa Takiedine a Muamar el Gadafi, al parecer publicada por el diario El País en enero de 1987. Como para entrar a la hemeroteca digital del periódico madrileño hay que estar suscrito y pagar cuota, me mantengo en la información que hace pública, sin coste de suscripción, la conocida agencia norteamericana.

 La periodista le inquirió al coronel que si su propuesta de unificación del Sáhara Occidental y Canarias como república independiente era motivada por una reacción de Libia a la ruptura de los acuerdos de Oujda que Marruecos acababa de abandonar. Se interesaba la periodista por saber si esa declaración de Gadafi era el anuncio de un nuevo y renovado apoyo al Frente Polisario, o estaba motivada por el cambio de posición de Marruecos en su alianza con los libios. 

Gadafi negaba que su declaración fuera el resultado de una nueva estrategia, y lo que sí planteaba era que una república democrática al sur de Marruecos entre Canarias y el Sáhara sería un apoyo al movimiento revolucionario en el Magreb, que favorecería el aislamiento del régimen pro-sionista y pro-estadounidenses de Hasan II. Gadafi no veía opciones de triunfo en un movimiento saharaui con una base demográfica tan escasa, pero sí lo veía si el Polisario y los independentistas en Canarias aunaban esfuerzos para la consecución de un estado independiente. Gadafi era de la opinión de que Argelia haría esfuerzos positivos en ese sentido. 

Para Gadafi, la ecuación canaria en la jugada era clave y se apoyaba en derechos históricos, dado “que después de todo, los habitantes de las Islas Canarias son inmigrantes procedentes del Sáhara” y esto hace que España no tenga ningún derecho sobre estas islas.

Como la periodista insistía en la posibilidad de que el renovado interés de Gadafi en el tema del Sáhara se debiera a la ruptura de los acuerdos de Oujda por parte de Marruecos, el coronel comentó: “No, nunca renuncié a la idea de un referéndum por parte del pueblo saharaui. Incluso declaré frente a la Unión Árabe-Africana el derecho de ese pueblo a la autodeterminación”. 

Gadafi daba por descontado que Marruecos rompería el acuerdo “¿Cómo podría ser posible que un soberano reaccionario y feudal creara una unión duradera con Libia? Las contradicciones entre nuestros dos sistemas son demasiado grandes. Además, le dije al rey Hassan: Los Estados Unidos e Israel no te permitirán operar de esa manera conmigo. Respondió que era el único maestro de sus decisiones. Ahora está claro que no fue así. Le ordenaron que pusiera fin a esta unión, y él rompió sus compromisos con Libia”.

La posibilidad de una federación canario-saharaui la había planteado en 1976 el movimiento de independencia de Canarias, cuando la segunda ola de las independencias en África estaba en pleno desarrollo tras la caída de la dictadura portuguesa en 1974, y su expulsión de las colonias de Cabo Verde y Guinea-Bissau, Mozambique y Angola, reactivaba el fuego, aún en llamas, de las luchas de los pueblos africanos.

Pero en 1987 la idea de Gadafi no tenía ninguna posibilidad de prosperar, e inmediatamente el representante del Polisario se desmarcó de cualquier aventura en ese sentido. Seguramente que, en 1976, con un aparato de estado en España traumatizado por los acontecimientos de cambio de régimen, el efecto de la propuesta hubiera puesto nervioso a más de uno, aunque la maniobra, de todos modos, no hubiera salido adelante, pero en 1987 el Estado español se había recompuesto plenamente, ya había entrado en la OTAN y en el Mercado Común Europeo, y el movimiento independentista en las islas se había reducido a su mínima expresión política. Era un momento realmente malo para llevar a cabo la idea del coronel.