Imaginemos un escenario que hoy parece improbable, pero que podría construirse a partir de decisiones políticas perfectamente reconocibles. La derecha y la extrema derecha ganan las próximas elecciones generales y forman gobierno en España. Una de sus primeras decisiones consiste en restringir drásticamente el traslado a la Península de los emigrantes que llegan irregularmente a Canarias. Las islas dejan de ser una puerta de entrada hacia Europa para convertirse en un territorio de retención de quienes Europa no quiere recibir.
Transcurren tres o cuatro años. La llegada de embarcaciones continúa, porque las causas estructurales de la emigración africana permanecen intactas. Las devoluciones resultan insuficientes y los traslados a la Península se bloquean. Entre 40.000 y 50.000 emigrantes podrían quedar concentrados en Canarias, muchos de ellos condenados a condiciones de pobreza, precariedad y subalternidad en barrios compartidos con canarios de clases populares. No sería la inmigración en sí misma la que provocaría la crisis, sino la decisión política de convertir las islas en un espacio de confinamiento social y político.
El malestar de la población canaria crecería rápidamente. La crisis de la vivienda seguiría sin resolverse, los servicios públicos continuarían saturados y los espacios urbanos y turísticos soportarían una degradación creciente. La sensación de abandono se extendería entre sectores sociales cada vez más amplios.
La conflictividad social aumentaría. Las manifestaciones, huelgas y movilizaciones contra el Gobierno español adquirirían una intensidad desconocida. El turismo, principal actividad económica de las islas, podría resentirse ante la imagen internacional de un territorio políticamente inestable. Canarias dejaría de proyectar la tranquilidad y seguridad que han sostenido buena parte de su éxito turístico. A ojos de muchos visitantes europeos, las islas comenzarían a parecerse a otros territorios de la periferia mundial inhóspitos y peligrosos.
En ese contexto, el independentismo canario experimentaría un crecimiento extraordinario. La idea de que España utilizaría el Archipiélago como colonia de confinamiento encontraría un terreno fértil para la agitación y el desapego hacia la metrópoli. La cuestión nacional dejaría de ser una preocupación menor para convertirse en un elemento central de la confrontación política.
Rabat aprovecharía el descontento para favorecer, incluso mediante financiación encubierta, a determinados sectores enfrentados al Estado español. No necesitaría crear el malestar, solo le bastaría con alimentarlo y utilizarlo como instrumento de presión geopolítica.
Las exigencias marroquíes podrían ampliarse entonces hacia estos tres objetivos estratégicos: 1) Exigencia de entrega de Ceuta y Melilla; 2) Reclamación del control del espacio aéreo del Sáhara Occidental, actualmente gestionado desde Canarias; y 3) Una delimitación marítima favorable a sus intereses en el Atlántico oriental. Marruecos se vería respaldado, además, por sus estrechas relaciones estratégicas con Estados Unidos e Israel, lo que le daría fortaleza de ánimo para emprender esa aventura.
España se encontraría, ahora sí, ante una situación extremadamente delicada. Crisis social y política en Canarias, retroceso turístico, ascenso independentista y presión diplomática marroquí. Madrid aceptaría concesiones territoriales y estratégicas a cambio de que Rabat dejara de alimentar la inestabilidad en el Archipiélago.
Un Gobierno que habría llegado al poder prometiendo defender la unidad de España podría terminar debilitándola precisamente por su política hacia Canarias. Convertir a las islas en una colonia de contención migratoria habría desencadenado una crisis nacional y geopolítica de consecuencias imprevisibles.
Todo esto no es sino un relato distópico ¿o no?
