A todas luces, o mejor dicho, a simple vista, Canarias es un archipiélago. Eso es lo que todos pensamos aquí y lo dice la geología, la geografía, la Constitución española de 1978, y el Estatuto de Autonomía: “El ámbito territorial de la Comunidad Autónoma comprende el Archipiélago Canario”. Y aun así nos falta una pata fundamental para ser considerado por otros como archipiélago. Y sin esos otros no podemos disfrutar plenamente de nuestra condición archipelágica.
Para nosotros ser considerado por los actores internacionales como un archipiélago, según la Convención del Mar de 1982, necesitaríamos constituirnos en Estado archipielágico, o bien que el Estado español lograra negociar una reforma de la Convención del Mar, en la que se reconociese la condición de archipiélago de Canarias.
Para la primera no existen las condiciones de acumulación de fuerzas necesarias. No hay fuerza política en las islas que esté dispuesta a luchar por ello. El nacionalismo está fragmentado y débilitado, y el regionalismo de CC y PSOE no tiene interés en el asunto. La segunda opción, a priori, parece más factible, porque al propio Estado le resultaría beneficioso un reconocimiento de esa naturaleza archipielágica.
Ello nos traería un mayor control marítimo sobre las aguas que nos rodean, para empezar, englobando dentro de esos perímetros a todas las islas, que pasarían a estar en aguas archipelágicas y no, como ahora, dejando espacios marítimos no canarios, ni españoles, entre islas. Por ejemplo, la distancia entre Tenerife y Gran Canaria superior a 24 millas deja una franja de mar de aguas internacionales entre ambas. Lo mismo pasa entre La Gomera y El Hierro, La Gomera y La Palma, La Palma y el Hierro, o Fuerteventura y Gran Canaria.
También nos proporcionaría una ampliación de la zona económica exclusiva hasta las 200 millas desde un perímetro único. Esto podría frenar avances unilaterales de Marruecos, tanto hacia las aguas del Sáhara Occidental como hacia las propias de Canarias. En el escenario creciente de disputas sobre tierras raras y su necesidad vital para las industrias de última generación, daría control a Canarias sobre el Monte Tropic, rico en cobalto, telurio y tierras raras que se encuentra sumergido al sur de El Hierro. Para ello se podría reclamar una prolongación natural de la plataforma continental, petición que es bastante común en el derecho marítimo internacional.
Un archipiélago tiene una jurisdicción unificada sobre el mar, y no fragmentada por islas como está en la actualidad, y ello redundaría en un mayor control sobre las migraciones irregulares, el tráfico de drogas, la pesca ilegal y cualquier otro asunto que nos incumbiese de manera directa. Un archipiélago nos puede convertir en centro neurálgico de las vías de tránsito entre los tres continentes, de los que se dice que proyectan nuestra identidad (tricontinentalidad). Tal condición nos daría más recursos económicos y políticos para controlar las zonas marinas protegidas (Red Natura, reservas pesqueras, etc.) permitiéndonos desarrollar una política oceánica más ampliada y coherente en el ámbito de la ordenación del espacio marítimo, la promoción y desarrollo de la economía azul, y una diplomacia macaronésica con los otros archipiélagos y la ribera occidental de África.
Por último, embarcado el Estado en una solución de esa problemática, no le quedaría más remedio que ponerse de acuerdo con Marruecos para trazar una mediana entre el reino alauita y las aguas Canarias, antes que la búsqueda y explotación de recursos marinos vuelva a tensar las relaciones como ya ocurrió varias veces en el pasado.
