sábado, 24 de octubre de 2015

Cuarenta aniversario de los asesinatos de estado de Antonio González Ramos y Antonio Padilla Corona

En este mes de octubre se cumplen 40 años de dos asesinatos ocurridos en la isla de Tenerife, en el contexto de las luchas sociales y políticas de final del franquismo. Los hechos se relatan a continuación en un necesario largo artículo, del que he quitado las notas al pie para aligerar su lectura. Este texto es un resumen de uno de naturaleza académica, y de los epígrafes 2.1 y 6.3 del libro Tenerife en Rojo: Luchas obreras en la transición política, 1975-1977
En el pasado septiembre se cumplían igualmente 40 años de los últimos fusilamientos llevados a cabo por el franquismo. Sobre ello se ha escrito muchísimo, y este mismo año se ha editado nuevo libro sobre el asunto, titulado Mañana cuando me maten. Las últimas ejecuciones del franquismo 27 de septiembre de 1975, del periodista Carlos Fonseca. El trágico relato que se cuenta en ese trabajo, se refiere en exclusiva a las últimas ejecuciones formales, sancionadas de mala manera por juicios sumarísimos de nulas garantías jurídicas. Aquí nosotros tratamos las ejecuciones extrajudiciales acaecidas en esta isla un mes más tarde de aquellos trágicos asesinatos.
Espero que lo que sigue sea de su interés.

1.- El asesinato de Antonio Padilla Corona

El goteo de muertes violentas por acción de la policía, la guardia civil, o los parapoliciales durante el franquismo, no cesó nunca. Se ha escrito recurrentemente que en su fase final la dictadura redobló su pulsión asesina. De esta manera, a los asesinatos por tiroteos en manifestaciones o en protestas obreras, se sumaron las ejecuciones que el estado llevó a cabo en marzo de 1974 y en septiembre de 1975. En las primeras fueron ejecutados, por medio de garrote vil, dos personas. La primera, el militante anarquista catalán Salvador Puig Antich y la segunda, un supuesto delincuente común que pasó con el nombre de Heinz Chez, aunque su verdadero nombre era el de Georg Michael Welzel, y no era polaco como dijeron las autoridades españolas, sino ciudadano de la República Democrática Alemana. El ministro franquista de Planificación y Desarrollo en 1974, muerto en febrero de 2009, dio algunas explicaciones referidas a estas dos condenas de muertes. Dijo, Joaquín Gutiérrez Cano: “Este tipo (Heinz Ches), como Puig Antich, eran los enemigos del sistema y el sistema tenía que defenderse (…) Una anomalía, a mi no me preocupa un hombre así, éste es un desgraciado que mata a un servidor de la ley, pura y simplemente, y entonces tiene que ser castigado y entonces ¿qué se emplea? Pues se llega a la conclusión de que hay que castigarle con la pena de muerte. Así es, guste o no guste. Yo estoy perfectamente satisfecho. Cumplimos. Además, nadie salió en defensa de un delincuente como era este, no sé si asesino, en todo caso, un delincuente. Y se aplicó con la gravedad correspondiente, como le pasó a Puig Antich, otro igual.” Es la perfecta lógica del estado totalitario, que en octubre de 1975, será aplicada en los asesinatos de Antonio González Ramos, obrero y militante comunista, y de Antonio Padilla Corona, obrero sin filiación política. 
Previo a ello, el 27 de septiembre de 1975, llegaron las ejecuciones de los militantes del FRAP y de ETA, amparadas por una legislación retocada justamente para la aplicación in extenso de la pena capital. El activismo armado se había incrementado notablemente contra la dictadura, también el activismo no armado, que emergía en cada rincón y en cada protesta obrera o social. El Régimen se veía acosado entre las acciones de unos y de otros y para contraatacar aprobó el Decreto Ley 10/1975, conocido como “ley antiterrorista”, con el que pretendía frenar por la vía represiva, incluida la pena de muerte, el ascenso de las luchas en todo el estado. El decreto se aprobó el día 26 de agosto y el 27 se puso en marcha con el cierre y multa de algunos medios de comunicación. El preámbulo justificaba la ley con un ejercicio de cinismo de derecho comparado, arguyendo que en otros países también existen leyes especiales para “hacer frente a la violenta ola de terrorismo que vienen padeciendo”. Y eso lo decían quienes no habían dudado en iniciar una guerra civil de casi tres años de duración y centenares de miles de víctimas y, posteriormente, una larga dictadura que en sus diez primeros años de existencia causa otros tantos centenares de miles de víctimas. La legitimación de origen y el propio desarrollo posterior de los sistemas demoliberales y el fascismo español, resultan ser a ojos del Régimen sólidos “estados de derecho”. El estado fascista español se considera así mismo un estado de derecho, y así lo recogieron repetidamente durante la puesta en práctica de la política “antisubversiva” de última hora. En el mismo preámbulo, el Decreto Ley 10/1975, dice: “El Estado de Derecho debe conformar sus defensas jurídicas a la naturaleza de los ataques que recibe”. El aparato franquista, incluso, dice tener que refrenar las demandas de mano dura que la sociedad, comprensiblemente, puede pedir, y no vaciar así de contenido ese imaginario, apostillan, estado de derecho: “La justa irritación que los atentados terroristas provocan en la comunidad puede incitar a la propia sociedad a apetecer normativas legales y actitudes de gobierno que impliquen un freno al natural desarrollo político del estado de Derecho”. 
La diatriba no va dirigida sólo a los grupos armados que operan contra la dictadura, sino contra todos los grupos de oposición que permanecen ilegalizados y en la clandestinidad. La vuelta a los principios fundadores no sólo desdecía el pretendido estado de derecho en que se encontraba el país, sino que desempolvaba y daba lustre a los principios fascistas del mismo. Volver a la ley de 9 de febrero de 1939, llamada de Responsabilidades Políticas era, ni más ni menos, volver a comenzar la historia lúgubre del fascismo español. “Próxima la total liberación de España, el Gobierno, consciente de los deberes que le incuben respecto a la construcción espiritual y material de nuestra Patria, considera llegado el momento de dictar una ley de Responsabilidades Políticas, que sirva para liquidar las culpas de este orden contraídas por quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja, a mantenerla viva durante más de dos años y a entorpecer el triunfo providencial e históricamente ineludible, del Movimiento Nacional, que traduzca en efectividades prácticas las responsabilidades civiles de las personas culpables”. Esta ley, concluye el mismo preámbulo, será, “uno de los más firmes cimientos de la reconstrucción de España”. 
Esta ley es la que vuelve a ponerse en vigor tras la promulgación del Decreto Ley 10/1975, de tal forma que la persecución se mantiene contra todos los mismos enemigos de 1936, más los nuevos surgidos bajo la dictadura. Así lo señala explícitamente en su artículo cuarto: “Declarados fuera de la ley los grupos u organizaciones comunistas, anarquistas, separatistas y aquéllos otros que preconicen o empleen violencia como instrumento de acción política o social, los que organizaran o dirigieren estos grupos, los meros afiliados y los que, mediante sus aportaciones en dinero, medios materiales o de cualquier otra manera auxiliasen al grupo u organización, incurrirán respectivamente en el grado máximo de las penas previstas en el Código Penal para las asociaciones ilícitas de aquella naturaleza. A quienes, por cualquier medio, realizaren propaganda de los anteriores grupos u organizaciones que vaya dirigida a promover o difundir sus actividades, se les impondrá la pena correspondiente a tal delito en su grado máximo”. 
El acoso a la oposición pasaba también por reducir “derechos” a los ciudadanos sin responsabilidad política de ningún tipo. “Ningún ciudadano honrado y patriota va a sentirse afectado por la circunstancial disminución de sus garantías constitucionales que los preceptos del presente decreto implican”. La aplicación de aquel decreto-ley generó un estado de guerra latente, en la que cualquier persona podía ser víctima mortal de la misma. Asesinatos judiciales y extrajudiciales cometidos contra personas comprometidas política o sindicalmente, pero también sobre personas que no tenían ese tipo de compromiso y que tuvieron la mala suerte de encontrarse por el camino, en el caso que aquí contamos, con guardias civiles pletóricos de soberbia, poder e impunidad que el estado, y esta ley específicamente, les otorgaba. Hicieran lo que hicieran sus acciones iban a quedar impunes. No habría juicio contra ellos, y si lo hubiera no sería nada más que una farsa de tribunales militares, con jueces militares y abogados militares representando un simulacro en el que los condenados lo eran de antemano y los exonerados también.
La ley abría un resquicio para arrepentidos que estuviesen comprometidos en la denuncia de sus propias actividades y en las de sus excompañeros, para facilitar de esa manera la acción represiva de la policía o de la guardia civil, en la localización y detención de los mismos. Por otra parte, la ley castigaba con la máxima severidad, “pena de prisión mayor”, a quienes socorriesen de alguna forma a los activistas clandestinos, bien alojándolos en su casa o en otra de su responsabilidad, o los ayudasen en desplazamientos o les guardasen materiales “subversivos” de la naturaleza que fuera. Aquí está el caso de Antonio González Ramos que comentaremos más adelante. Pero en el caso de Antonio Padilla Corona la ley se le aplicó de manera sobrevenida, una vez que ya había sido asesinado. El caso se adscribió a la justicia militar “por el procedimiento sumarísimo”.
El asesinato extrajudicial, más tarde convenientemente remozado de articulado y paripé jurídico, fue un recurso represivo relativamente común durante la dictadura. El asesinato extrajudicial es un mecanismo usado, de forma preferente por las dictaduras, para eliminar a individuos desviados y de conductas consideradas como impropias o peligrosas. Este tipo de muerte produce menos ruido social que la ejecución legal, sobre todo porque nadie se entera de lo sucedido, aunque pueden ser castigados con la misma tanto perseguidos políticos como pequeños delincuentes, homosexuales, pordioseros, prostitutas y, en general, un amplio abanico de candidatos que se encuentran a merced de la impunidad y la brutalidad policial. Si en el estado liberal la biopolítica es sobre todo reguladora y planificadora de la vida, en el estado totalitario la biopolítica se transforma en tanatopolítica. 
El clima de terror generado en los últimos meses de la vida del dictador, creó el ambiente propicio para que la guardia civil asesinase a Antonio Padilla Corona, y el acto pudiese ser escondido bajo el secreto sumarial de un juicio sumarísimo por un tribunal militar, negando asistencia letrada civil y dándole largas a la familia, la cual nunca recibió indemnización alguna por tal suceso, de lo que no cabe más razonamiento que extraer que el muerto fue declarado culpable y los asesinos inocentes, en esa lógica siempre perversa de la justicia al revés, a la que el franquismo se apuntó desde la primera hora del golpe militar de 1936. 
La prensa insular había insuflado ánimo a los partidarios de las medidas represivas, jaleando al dictador y a la nueva normativa represiva, convocando actos de exaltación patriótica y masivas marchas de filiación fascista, y propiciando el clima necesario para la represión subsiguiente. En la portada de El Día el miércoles primero de octubre de 1975 se decía: “Ahora quizá sea la hora exacta en que más sentido de la unidad y de la unión tenemos que sentir y demostrar ante nosotros mismos y ante quienes, por todos los medios, buscan la división entre todos los españoles”. 
Con ello se refería, lógico está, a la oposición interna al régimen, pero también a la protesta que todos los países del entorno, incluido el Vaticano, hicieron por la ejecución de los cincos activistas del FRAP y de ETA en el mes de septiembre. Las protestas internacionales incluyeron boicots diplomáticos y violencia contra las embajadas españolas en varios países, a la par que gigantescas manifestaciones en países europeos contra el régimen del general Franco. La defensa cerrada de la dictadura, a la que se sumaron los medios de comunicación insular, incluyó la convocatoria de una manifestación en la Plaza Weyler, emulando la de la Plaza de Oriente en Madrid, organizada, según la prensa, de “forma espontánea y solidaria”, lo cual tenemos que poner en duda si nos atenemos a la misma información en la que se narra como a iniciativa del Consejo Provincial de los Trabajadores y la Delegación Provincial del Trabajo, junto con el Consejo Provincial de Empresarios daban permiso para que los trabajadores pudiesen asistir a dicha concentración, a la que además se sumaban los ayuntamientos, la Jefatura Provincial del Movimiento, el Gobierno Civil y la Capitanía General. Curiosa forma de protesta espontánea ésta en la que la propia delegación de trabajo emitía un comunicado que hacia llegar a todas las empresas, que decía: “Estando prevista la celebración de una manifestación patriótica para las trece horas de hoy día 1 de octubre, que tendrá lugar en la Plaza Weyler ante la Capitanía General de Canarias, esta Delegación autoriza a todas las Empresas en general, para conceder permiso desde las 12 horas a los trabajadores a su servicio, con objeto de que los mismos puedan asistir a dicho patriótico acto”. 
Con eso y todo fueron quince mil las personas congregadas, a tenor de las cifras dadas por la prensa oficial, las cuales seguramente eran mucho menos, igual que el millón que se dijo que había en la Plaza de Oriente fueron aproximadamente doscientas mil, como años después se calculó de manera más objetiva teniendo en cuenta la extensión del lugar que las albergaba. Lo sobresaliente para el caso es que la convocatoria no aglutinó a una concentración excesivamente numerosa de personas, si tenemos en cuenta los permisos de trabajo y la cobertura que dieron las autoridades. 
En la concentración hubo dos intervenciones, primero la del Gobernador Civil y jefe provincial del Movimiento, Modesto Fraile Poujade, y tras él lo hizo el Capitán General de Canarias, Ramón Cuadra Medina. Ambos, desde el balcón de la Capitanía General dirigiéndose a la multitud, que por su parte, alardeaba de españolismo y apoyo al dictador con pancartas y vítores. Los eslóganes escritos sobre tela blanca decían; “No a la intromisión extranjera. Arriba España”; “Voluntarios del 18 de Julio”.
En la intervención del Gobernador Civil se repitieron todos los tópicos al uso que el franquismo utilizaba en momentos de aislamiento internacional, y siempre redundando en la vuelta a los orígenes de la guerra civil, vislumbraban al enemigo eterno de España asechando tras las protestas del mundo entero: “Son estos enemigos derrotados, quienes no nos perdonaron nuestra paz, nuestro decidido impulso de marcha. Quisieran ver otra vez a España desintegrada, inerte, sin espíritu, para así convertirla en propicia víctima de sus ambiciones”. 
La obsesión por los espíritus es un fenómeno redundante en la mentalidad de los golpistas del 18 de julio. Sobre cada acontecimiento que han protagonizado siempre han descubierto un espíritu que lo guía y lo ilumina. El espíritu del 18 de Julio, el espíritu del 12 de febrero, el espíritu de la transición. Lo llamativo del discurso del Gobernador Civil, además de su espíritu, es cómo vuelve de manera natural a los principios fundadores del régimen y a la justificación de su cruzada nacional. Esto está muy en consonancia con la vuelta a la ley de febrero de 1939 que comentamos más arriba. “El pueblo español está unido y firme (...) de nuevo la conjura será estéril”. La misma conjura de siempre, piensan, por eso la necesidad de desempolvar las leyes de siempre. Tras el Gobernador Civil tomó la palabra el Capitán General, que refiriéndose de manera laudatoria a su predecesor en el uso del micrófono, agradecía las muestras de amor patrio constatando que “una España unida, grande y libre, sigue siendo vuestro empeño” Tras pronunciar la famosa consigna advirtió a los enemigos sobre la futilidad de sus intenciones y remarcó la unidad de la “familia española” en su apoyo al Régimen y a su Caudillo. Dijo que haría saber al propio Franco de la lealtad de Tenerife antes de concluir con los vítores correspondientes a la patria y a su guía. Tras el canto del cara al sol “la muchedumbre se retiró a su domicilio”. 
En días posteriores la campaña continúo. Tras un atentado de ETA en el que mueren tres guardias civiles, “tres héroes del orden”, se intensifica la campaña mediática y de las instituciones estatales “para el exterminio y la erradicación del terror”, lo que en su vocabulario significaba la exterminación de toda la oposición al régimen. 
El caso analizado aquí trata de un obrero que fue asesinado por la guardia civil tras dispararle a quema ropa, cuando el sujeto huía tras ver que era perseguido por el coche de la guardia civil. Antonio Padilla Corona era cabuquero en galerías de agua, y había cogido unos cartuchos de dinamita para ir a pescar (una práctica bastante común en aquellos tiempos), cuando tuvo la mala fortuna de encontrarse con una pareja de la benemérita en el municipio de Adeje en el sur de la isla de Tenerife, lugar al que se había desplazado desde su localidad habitual en La Mantanza de Acentejo.
Mientras iban caminando vieron cómo se acercaba el vehículo de la benemérita y “como mi hermano era una persona que todo le deba miedo, pues vio la guardia civil y cogió y tiró el paquete de dinamita, a una engullera que había por debajo de Mar Azul”. La guardia civil se percató de que Antonio Padilla había tirado algo a la cuneta. Dieron la vuelta y se pararon al lado de los caminantes: “-¿Qué tiraste? -Y mi hermano se zafó y entonces jaló por la pistola y le dio el tiro y lo mató. Después, los otros dos que venían con él corrieron. Echaron a correr para unas plataneras que hay, y ellos se liaron a tiros con ellos, los tiros eran como una película del oeste, vaya. ¡Fíjese usted y escaparon! No le dieron porque había platanera y le daban a los plantones, porque si no los hubieran matado también a los otros dos”.
La hermana del asesinado y nuestro testigo en este caso, opina, que el hecho de que la guardia civil actuara de esa manera, que disparase a bocajarro a su hermano y que intentase matar a los otros dos acompañantes, se debió al clima político que se vivía en esas fechas. “Porque no sé si usted recuerda, que en el 75, había terrorismo, y entonces(…) Franco dio carta blanca para disparar a matar, ¿me entiendes? Por eso, ellos dispararon a matar. Tenían autorización”. El asesinato fue consecuencia del clima represivo creado, y tuvo un componente clasista notable. Aunque Antonio Padilla Corona no fuese activista político pagó como si lo fuese. “Lo que hicieron con mi hermano fue un asesinato como hicieron con este señor, con el otro Antonio que mataron dos días después que mi hermano. Yo fui a Santa Lastenia a ver a la familia y les dije lo que había pasado con mi hermano también”.
Tras el asesinato de Antonio, la guardia civil se personó en la casa familiar en La Matanza de Acentejo, preguntándole a la hermana si sabía en dónde se encontrada su hermano, a lo que ésta interpeló sobre cuál era el motivo de que estuviesen buscándolo si “nunca se ha metido en problemas de ninguna clase”. La guardia civil le contestó que era un asunto de rutina y que no debería de preocuparse de nada. “¡Fíjese usted! Mi hermano estaba ya muerto. Ni siquiera dijeron, miren su hermano(…) ¡Para que usted vea! Dice, ¿a qué hora viene él? Le digo: a las 4 de la tarde más o menos. Dice: bueno cuando venga le dice que pase por el cuartel”. Ese mismo día, un poco más tarde, la guardia civil llama a la cuñada de Antonio y le da la noticia de que el hombre había muerto cuando se disponía a tirar unos cartuchos al mar. Le relata que de manera desafortunada la dinamita había explotado antes de tiempo llevándose por delante la vida de su familiar. Más tarde testigos del suceso le comentaron la verdad a la familia y le narraron el caso tal como había sucedido. Toda la familia se desplazó al cementerio de Adeje, en donde estaba el cadáver de Antonio: “Cuando llegó mi hermano, el se tiró, porque ellos eran carne y uña, mire eso era carne y uña, él se tiró a la tierra del cementerio. Habían más de 40 guardias civiles, en el cementerio de Adeje. Y cuando eso era Franco, pues mi hermano los llamó hijos de puta y de todo. Ellos no abrieron la boca, no abrieron la boca, mi hermano se botó a la tierra y así: ‘mataron a mi hermano hijos de la gran puta, verdugos’, y ellos no abrieron la boca”. 
Los otros dos acompañantes de Antonio se presentaron al día siguiente en el cuartelillo de la guardia civil y tras pasar dos días en la cárcel fueron dejados en libertad. No hubo indemnización ni de la empresa ni del estado. Todo quedó sepultado bajo el silencio del consejo de guerra. Cuando en las semanas sucesivas la familia intentó seguir con el proceso obtuvo como respuesta la negativa absoluta. No tenían derecho a nada. El guardia civil que asesinó a Antonio fue traslado a la Península y la Capitanía General dio carpetazo al asunto. 
El abogado que la familia contrató para combatir el desamparo y en un intento por reclamar justicia por la muerte de su allegado, fue Ramón González de Mesa, conocido letrado de la ciudad de La Laguna, de honorable familia de la derecha insular, y por eso se suponía que con mayor posibilidad de ayudar a la víctima. Pero el letrado no pudo asistir a la familia porque según el código de justicia militar la acusación particular no podía personarse, sólo la defensa del imputado podía hacerlo, es decir, la defensa del guardia civil, aunque sí podía ir como testigo el letrado de la acusación. El juez togado militar le informó al abogado González de Mesa que el caso iba a ser sobreseído, porque la muerte sería considerada producto de un accidente, “que fue para asustar, un tiro al aire”. El abogado cuenta que el juez togado le dijo que iría a hablar personalmente con el Capitán General “para que por lo menos se indemnice a los herederos de la víctima, porque el juicio no se va a celebrar, porque el fiscal ha pedido el sobreseimiento de la causa por tratarse de una acción accidental de la guardia civil”. Tras ello el abogado dice que se hicieron todos los trámites para que la familia fuese indemnizada, aunque ésta niega haber recibido dinero alguno, y recordó la frase que le dijo el juez militar “a ver si hay fondos para poder acallar en lo posible este asunto”. Pero por los resultados obtenidos se ve que no había fondos para este asunto, o quizá valoraron que como el caso no había despertado ningún interés ni en la prensa ni en la sociedad, y que la familia no tenía recursos para cambiar la marcha de las cosas, decidieron ahorrarse los gastos innecesarios. Así quedó el asunto. Tres días después fue asesinado bajo tortura el militante comunista Antonio González Ramos en las dependencias del Gobierno Civil de Santa Cruz de Tenerife, dos asesinatos en la misma semana, productos de un mismo clima de terror generado por el fascismo acorralado.

2.- El asesinato de Antonio González Ramos 

Acaecido el 29 de octubre de 1975, sobre el asesinato de Antonio González Ramos se han escrito algunas páginas. Su militancia política facilitó su merecido recuerdo. Con Antonio González Ramos, el uso de la violencia policial está asociado al proceso de luchas obreras en la transición democrática. “Antonio intervino en la creación de Comisiones Obreras en la isla. Trabajó también en el movimiento vecinal, en el barrio de La Laguna en donde vivía, haciéndose acreedor al cariño y respeto de sus vecinos”. 
Había retornado de Alemania en donde estuvo trabajando y se había afiliado al PCE. Cuando volvió a la isla su actividad política la desempeñó en el PUCC, Partido de Unificación Comunista de Canarias, una de las tantas escisiones del PCE en los albores de la transición a la monarquía.
Al poco tiempo de llegar a Tenerife entró a trabajar en la fábrica de tabacos Philip Morris, y allí junto con otros compañeros anticipó el ciclo de luchas del sector, demandando un convenio colectivo en las semanas finales de 1974. Antonio González fue uno de los obreros despedidos. 
Tras su detención, en la versión oficial que inmediatamente la policía hizo publicar en la prensa insular en la sección de sucesos, se dijo que se había descubierto un depósito de propaganda subversiva. 
En la nota referida al asesinato, la delegación especial de la Dirección General de Seguridad, informó que tras una brillante operación policial se había descubierto en Tacoronte “un depósito de propaganda subversiva de la Organización clandestina del Partido Comunista español, documentos y archivo, perteneciente al mismo y cartuchos de dinamita plastificada en el domicilio de Andrés Díaz Armas”. En el comunicado gubernativo se decía que los cartuchos encontrados iban a ser utilizados para volar “un determinado garaje de servicio público”. Y también en el informe anual del Gobierno Civil se vuelve a reincidir en el mismo argumento inventado, cuando se dice que, “en octubre es desarticulado un grupo terrorista, de matiz comunista, ocupándosele material explosivo para actos de sabotaje”. Un argumento completamente infundado, porque el uso de la dinamita en la época era bastante habitual para la pesca, y era un recurso utilizado con frecuencia por las clases obreras al objeto de complementar las dietas alimenticias, y sacarse un sobresueldo porque el ganado en el trabajo no daba para llegar a fin de mes. Es un caso bastante parecido al de Antonio Padilla Corona. El Gobierno Civil relata la historia fantasiosa de que mientras conducían al detenido a las dependencias policiales se arrojó del vehículo y murió. Como para quitarle importancia al asunto se continúa relatando la posible detención de más sospechosos. Todo aquello quedó desmentido por las investigaciones posteriores, y se supo que Antonio González Ramos fue torturado por el inspector-jefe de la brigada político social de Tenerife, José Matute Fernández, y que falleció por las lesiones producidas en el interrogatorio.
El juez de la Audiencia de Tenerife Rodolfo Soto Vázquez, el 2 de diciembre de 1975, dictó auto de procesamiento contra Matute y también contra el cabo primero de la guardia civil José González Álvarez “por existir indicios racionales de la comisión de un delito de coacción y otro de homicidio en la persona de Antonio González Ramos, decretando la prisión provisional del primero y la libertad provisional del segundo”. El juez se encontró, una vez abierto el sumario, con que los agentes que iban a ser interrogados, los guardias civiles y los miembros de la brigada de investigación social, estaban recibiendo llamadas anónimas amenazándolos de muerte si decían la verdad en los interrogatorios. Estando en prisión provisional y aún pendiente de que se celebrara el juicio, Matute recibe la gracia del estado y es amnistiado igual que el cabo de la guardia civil procesado, acogiéndose al artículo segundo apartado e de la ley de amnistía de 15 de octubre de 1977, cuyo párrafo dice que serán amnistiados: “los delitos y faltas que puedan haber cometido la autoridades, funcionarios, y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta ley”.
La tragedia de Antonio González Ramos fue relatada luego profusamente, tanto por los camaradas de partido, como por periodistas que se interesaron por el caso. En el relato que hace Antonio Ojeda para la revista Cambio 16, queda claramente expuesto como fue asesinado el obrero tinerfeño. “Me llamo Antonio González y soy comunista repetía en el suelo mientras el inspector Matute saltaba con sus rodillas sobre la caja torácica y la boca del estómago hasta que, con el pecho aplastado, murió”. 
Luego el cuerpo fue trasladado al cementerio de Santa Lastenia en Santa Cruz, y lo dejaron “allí botado sobre unas tablas de cajón” relataba la viuda al periodista que la entrevistó. El cuerpo fue trasladado a La Laguna y enterrado en el cementerio de dicha ciudad.
Cuando asesinaron a Antonio González Ramos paralelamente fueron detenidas unas cuantas personas, entre las que se encontraba el letrado Alfredo Horas Casanova, el principal abogado del despacho laboralista que había defendido a los trabajadores de la Philip Morris y, por tanto, al propio Antonio González Ramos. Estuvieron encerrados en las dependencias policiales durante 10 días, “10 días encerrados sin hablar con nosotros, en la celda, ni nos interrogaron. Nos detuvieron para que no montáramos nada a raíz de la muerte de Antonio”.
El asesinato de Antonio González se produjo a raíz de accidentes fortuitos que desgraciadamente desembocaron en tragedia. Como los núcleos organizados del movimiento obrero, además de trabajar en las fábricas y en los centros de trabajo, extendían sus conexiones hacia los barrios y los problemas vecinales, incorporaban multitud de gente diversa. En el caso que nos ocupa, Antonio había repartido propaganda del “partido” a un vecino de La Montañeta en Aguagarcía, municipio de Tacoronte, llamado Andrés Díaz y éste a su vez la había guardado en un gallinero en la trasera de su casa, junto a unos cartuchos de dinamita procedentes, o sustraídos, de las galerías de agua. La presencia de los cartuchos la explica el uso que se hacía de ellos para la pesca. El asunto se complicó cuando: “El hijo de Andrés, que era un chiquillaje del carajo, lo coge la guardia civil, lo coge conduciendo sin carnet, le empiezan a dar hostias y el tío ofrece que si no le dan más hostia delata al padre. Delata al padre, la guardia civil va allí y encuentra los panfletos, los cartuchos de dinamita, le dan palos a Andrés hasta que confiesa que quien se los pasó era Antonio. Van por Antonio, lo detienen como a las 10 u 11 de la noche y lo matan esa misma noche a base de palizas”.

La brutalidad policial convertía, una vez más, unos hechos fortuitos en una tragedia. El clima de terror generado por el fascismo en 1975, y el apoyo que en la isla recibió de la oligarquía y de los medios de comunicación, sirvió de coartada y de excusa para fomentar los actos de terrorismo de estado, y los asesinatos extrajudiciales.